Copiamos aquí el artículo de JAVIER SÁNCHEZ HERRADOR, jurista de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior, publicado hoy en Las Provincias.
Siempre que en un determinado lugar se anuncia la construcción de una cárcel, surge inmediatamente un movimiento de oposición en los ciudadanos. Esa reacción es, hasta cierto punto, muy lógica. En principio nadie quiere una prisión cerca de su casa, como tampoco desea tener una unidad de rehabilitación de toxicómanos o un centro de reforma para menores delincuentes. Todos, en cambio, preferimos vivir rodeados de un entorno saludable, excelentes infraestructuras y servicios adecuados.
Un centro penitenciario no es proyecto que venda mucho, pero esto puede variar en poco tiempo. Hace años nadie se hubiera postulado para albergar un cementerio nuclear, y ahora resulta que hay tortas para acoger residuos radiactivos si con eso se consigue solucionar la deprimente situación económica de un pueblo o el declive inexorable de una comarca sin expectativas.
Volviendo a la cárceles, la gente corriente suele oponerse a la construcción de un centro penitenciario cuando éste se ubica en las cercanías de sus pueblos o ciudades. Aquí, en la Comunidad Valenciana, también hubo en su momento enconadas polémicas con la ubicación de las prisiones de Picassent, Villena y Albocàsser. Ahora le ha tocado el turno a a la futura cárcel de Siete Aguas y no hace mucho ocurrió lo mismo con el descartado Centro de Inserción Social que se iba a ubicar en Paiporta.
En primer lugar, se debe recordar que la potestad para decidir la ubicación de un centro penitenciario corresponde al Gobierno Central, pues es él, si exceptuamos Cataluña, quien tiene la competencia en esta materia. En algunas ocasiones los tribunales han señalado que la construcción de una prisión es un proyecto de utilidad pública e interés social que se enmarca dentro de una política penal de carácter general que sólo puede diseñar el Gobierno de la Nación.
Que ese interés general esté por encima de las preocupaciones e inquietudes de los municipios donde se ubican los centros penitenciarios, no quiere decir que se puedan obviar las opiniones de esas localidades. Es mejor explicar y acordar que imponer, pues un centro penitenciario no es una infraestructura efímera o pasajera, sino más bien un edificio que tiene vocación de permanencia y otorga características singulares al paisaje que lo rodea.
Pero la Administración Central tampoco puede ceder alegremente a las pretensiones de una determinada población, por muy comprensibles que éstas sean, porque si cede una y otra vez, podría no tener al final un lugar donde ubicar las prisiones.
Todas estas dificultades han causado ciertas paradojas. Dado que los centros penitenciarios de régimen ordinario (los llamados centros-tipo) son edificios complejos y de considerables dimensiones, su construcción se realiza en sitios cada vez más inhóspitos, en parajes aislados y lejos de las grandes ciudades. Es precisamente la invasión de entornos naturales de valor ecológico el argumento usado por algunas poblaciones para oponerse a la construcción de una cárcel. Sin ir más lejos ahí tenemos el caso de la prisión de Siete Aguas.
Este último proyecto se encuentra en un punto preocupante, pues si ya es difícil llegar a un consenso en el ámbito de las infraestructuras penitenciarias, peor aún es que este caso haya acabado en los tribunales. Y digo esto porque la provincia de Valencia necesita con urgencia otro centro penitenciario que alivie la situación de Picassent, y porque sería muy mala noticia que aspectos legales de carácter urbanístico o medioambiental, que en todo caso deben ser respetados, retrasaran o impidieran una infraestructura muy necesaria.
El fallido intento de ubicar un Centro de Inserción Social (CIS) en Paiporta tuvo otras connotaciones. Los CIS son centros para reclusos que están clasificados en tercer grado de tratamiento y suelen construirse en grandes ciudades, o cerca de ellas, para favorecer la integración social de los internos. Paiporta reunía en principio esas condiciones, pero sin embargo había otras circunstancias que desaconsejaban la ubicación del CIS en ese lugar.
Al parecer causó sorpresa en ciertas autoridades la contundente oposición de los vecinos a la construcción del centro, pero si se hubiera reparado en lo que había acontecido en Paiporta meses atrás quizás se hubiera comprendido mejor esa reacción ciudadana.
Hace ahora alrededor de un año fue salvajemente asesinada en Paiporta una joven muy querida en el pueblo y otra sufrió grandes heridas que estuvieron a punto de matarla. Este suceso tuvo mucha repercusión en los medios de comunicación, provocó una amplia respuesta de los vecinos y creó un movimiento ciudadano que reclamó más seguridad, más contundencia en la aplicación de la ley y mayor castigo para los delitos muy graves.
Se ha dicho con razón que la política penal de un Estado no se debe dejar influir por momentos en que la sociedad se ve convulsionada por terribles sucesos. Muy bien, esa “frialdad” necesaria para que el legislador pueda realizar las reformas necesarias en el ordenamiento jurídico penal, no puede confundirse con insensibilidad hacia los que, a fin de cuentas, han sufrido el delito.
Aunque a menudo hay personas dispuestas a aprovecharse de los sentimientos de la gente, solicitar a una localidad todavía conmocionada por un asesinato, y que se había movilizado en contra de la inseguridad, que aceptara en su término municipal un centro de inserción social, era pedir demasiado. Esa movilización, junto a algunos problemas urbanísticos, hicieron reflexionar a las autoridades que, con buen criterio, decidieron retirar el proyecto de construcción de un CIS en Paiporta.
Dicho todo esto, nuevas infraestructuras penitenciarias son imprescindibles para la provincia de Valencia. La ciudadanía debe comprender que el objetivo de la reinserción de las personas que han cometido un delito no es sólo de la Administración, sino de toda la sociedad, y para esa tarea se necesitan, como en los demás ámbitos, centros modernos y más medios humanos. Hay que reconocer que algunos delincuentes no se van a reinsertar, pero otras muchas personas sí lo conseguirán. La mejor seguridad para todos es que esas personas no vuelvan a cometer delitos.
