Cartel anunciador

La Agrupación Socialista de Siete Aguas te invita a participar en el I Concurso de Fotografía “Enseña tu pueblo”con el objetivo de incentivar el conocimiento sobre el pueblo de Siete Aguas a través de la visión de sus vecinos y veraneantes.

El lema de esta primera edición, en la que colaboran los Restaurantes Casa Rosa y El Candil, además de Bodega Sánchez Zahonero, es “Fiestas y tradiciones de Siete Aguas”, bajo el cual se engloban festividades religiosas, celebraciones laicas y todos aquellos eventos que foman parte de nuestra Historia.

El plazo límite de presentación de fotografías es el 31 de marzo.

Consulta las bases y los premios del concurso pinchando aquí.

[Publicado en Levante-EMV, por el periodista José Sierra]

Terrenos adquiridos por el SIEP para la construcción del centro.

En la resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) no figura el plazo de ejecución de las obras, aunque se estima que si no surgen nuevos inconvenientes los primeros reclusos podrían entrar en la prisión dentro de dos años a partir de ahora.

El presupuesto de las obras se cifró en 102,5 millones sin IVA aunque finalmente la adjudicación asciende a 86.757.782 euros gracias a la baja ofertada por ambas empresas.

Siepsa ha adjudicado también el contrato de asistencia técnica a la dirección de la obra , Seguridad y Salud, Vigilancia Medioambiental, etc. en lo referente a la carretera de acceso, instalaciones de seguridad, depuradora de aguas residuales y obras complementarias por un importe de 854.763 euros a la empresa GOG SA, mientras que Vorsevi SA se encargará por 288.400 euros del control de calidad.

Fuentes próximas al proyecto interpretaron las citadas adjudicaciones como un “empujón” definitivo destinado a iniciar el movimiento de tierras “en un par de semanas”.

Cabe destacar que la ingeniería y el diseño de estos centros penitenciarios se rige por modelos estandarizados que ya se han aplicado en otros centros actualmente en construcción como el de Levante-I (en Murcia) o el ya construido en Albocàsser en Castelló.

El proyecto supondrá la construcción de una superficie total de 109.000 metros cuadrados.

El concreto, el contrato comprende la construcción de 1.008 celdas, distribuidas en diez módulos residenciales, cuatro módulos polivalentes, otros cuatro de mujeres, además de otras 186 celdas para usos diversos y que se situarán en otros distintos módulos. La altura de las edificaciones será de tres niveles sobre planta baja, excepto en los edificios de Comunicaciones y talleres productivos, que contará con cuatro plantas. El centro tendrá capacidad para un total de 1.194 plazas y forma parte del Plan de Infraestructuras Penitenciarias del Ministerio del Interior.

A nivel de diseño el nuevo centro debe tener en cuenta que en sus instalaciones puedan convivir sin mezcla “diversas clasificaciones penitenciarias” y disponer de infraestructuras suficientes para crear una mini ciudad que cubra todas las necesidades del recluso “evitando los traslados a a servicios comunitarios exteriores”.

Ver también: Trabajar en la cárcel

Mientras el 13% consideran que existen suficientes posibilidades para quien quiera reciclar, el 38% manifiestan que echan de menos la posibilidad de reciclar plásticos y envases como latas y tetra-briks, asignatura que sigue pendiente.

Asimismo, el 30% expresaron que los contenedores se debían vaciar más a menudo y un 18% se mostraron partidarios de que se realice alguna campaña de concienciación al respecto.

Lo sorprendente del caso es que, por el servicio de recogida de basuras, todos los vecinos pagamos una tasa que es recaudada por el Ayuntamiento y que, en teoría, debería ser suficiente para cubrir los costes del servicio. De hecho, para este año 2010, el consistorio prevé recaudar por este concepto más de 90.000 euros, mientras que, en principio, el servicio costará 65.845,20 euros.

Si, por tanto, el Ayuntamiento de Siete Aguas recauda por las basuras más de lo que le cuestan, ¿cómo es posible que se haya llegado a semejante deuda? ¿Quiere decir esto que seremos los vecinos quienes deberemos pagar el resultado de la mala gestión del ayuntamiento?

Como se ha mencionado al principio, la deuda con Girsa es algo ya “histórico”. En numerosas ocasiones los concejales de la oposición han preguntado al alcalde cómo era posible que los vecinos pagaran sus recibos, y que en cambio el ayuntamiento no pagara a Girsa. ¿Qué ha ocurrido con ese dinero?

Quizá aquí se esconda el motivo de las subidas que hemos tenido que ir soportando en nuestros recibos hasta el punto que pagamos más de lo que cuesta realmente el servicio.

Gastos que llaman la atención

Este afán recaudatorio sólo se puede entender si se atiende a otras partidas de los presupuestos, como los más, de 16.000 euros que se pagan a distintas asesorías, cuando en la plantilla del ayuntamiento hay secretario-interventor, abogado, arquitecto e ingeniero.

O los cerca de 9.000 euros en intereses que hay que pagar a la empresa que realizó el Aulario, por no haberle abonado la obra en su día.

O los 61.579,80 euros que cuesta la empresa que realiza el servicio de limpieza de las instalaciones municipales, algo que estamos convencidos de que resultaría mucho más barato si se cambiara la empresa por la contratación de dos trabajadores. Y además, serviría para crear nuevos puestos de empleo.

Siempre que en un determinado lugar se anuncia la construcción de una cárcel, surge inmediatamente un movimiento de oposición en los ciudadanos. Esa reacción es, hasta cierto punto, muy lógica. En principio nadie quiere una prisión cerca de su casa, como tampoco desea tener una unidad de rehabilitación de toxicómanos o un centro de reforma para menores delincuentes. Todos, en cambio, preferimos vivir rodeados de un entorno saludable, excelentes infraestructuras y servicios adecuados.

Un centro penitenciario no es proyecto que venda mucho, pero esto puede variar en poco tiempo. Hace años nadie se hubiera postulado para albergar un cementerio nuclear, y ahora resulta que hay tortas para acoger residuos radiactivos si con eso se consigue solucionar la deprimente situación económica de un pueblo o el declive inexorable de una comarca sin expectativas.

Volviendo a la cárceles, la gente corriente suele oponerse a la construcción de un centro penitenciario cuando éste se ubica en las cercanías de sus pueblos o ciudades. Aquí, en la Comunidad Valenciana, también hubo en su momento enconadas polémicas con la ubicación de las prisiones de Picassent, Villena y Albocàsser. Ahora le ha tocado el turno a a la futura cárcel de Siete Aguas y no hace mucho ocurrió lo mismo con el descartado Centro de Inserción Social que se iba a ubicar en Paiporta.

En primer lugar, se debe recordar que la potestad para decidir la ubicación de un centro penitenciario corresponde al Gobierno Central, pues es él, si exceptuamos Cataluña, quien tiene la competencia en esta materia. En algunas ocasiones los tribunales han señalado que la construcción de una prisión es un proyecto de utilidad pública e interés social que se enmarca dentro de una política penal de carácter general que sólo puede diseñar el Gobierno de la Nación.

Que ese interés general esté por encima de las preocupaciones e inquietudes de los municipios donde se ubican los centros penitenciarios, no quiere decir que se puedan obviar las opiniones de esas localidades. Es mejor explicar y acordar que imponer, pues un centro penitenciario no es una infraestructura efímera o pasajera, sino más bien un edificio que tiene vocación de permanencia y otorga características singulares al paisaje que lo rodea.

Pero la Administración Central tampoco puede ceder alegremente a las pretensiones de una determinada población, por muy comprensibles que éstas sean, porque si cede una y otra vez, podría no tener al final un lugar donde ubicar las prisiones.

Todas estas dificultades han causado ciertas paradojas. Dado que los centros penitenciarios de régimen ordinario (los llamados centros-tipo) son edificios complejos y de considerables dimensiones, su construcción se realiza en sitios cada vez más inhóspitos, en parajes aislados y lejos de las grandes ciudades. Es precisamente la invasión de entornos naturales de valor ecológico el argumento usado por algunas poblaciones para oponerse a la construcción de una cárcel. Sin ir más lejos ahí tenemos el caso de la prisión de Siete Aguas.

Este último proyecto se encuentra en un punto preocupante, pues si ya es difícil llegar a un consenso en el ámbito de las infraestructuras penitenciarias, peor aún es que este caso haya acabado en los tribunales. Y digo esto porque la provincia de Valencia necesita con urgencia otro centro penitenciario que alivie la situación de Picassent, y porque sería muy mala noticia que aspectos legales de carácter urbanístico o medioambiental, que en todo caso deben ser respetados, retrasaran o impidieran una infraestructura muy necesaria.

El fallido intento de ubicar un Centro de Inserción Social (CIS) en Paiporta tuvo otras connotaciones. Los CIS son centros para reclusos que están clasificados en tercer grado de tratamiento y suelen construirse en grandes ciudades, o cerca de ellas, para favorecer la integración social de los internos. Paiporta reunía en principio esas condiciones, pero sin embargo había otras circunstancias que desaconsejaban la ubicación del CIS en ese lugar.

Al parecer causó sorpresa en ciertas autoridades la contundente oposición de los vecinos a la construcción del centro, pero si se hubiera reparado en lo que había acontecido en Paiporta meses atrás quizás se hubiera comprendido mejor esa reacción ciudadana.

Hace ahora alrededor de un año fue salvajemente asesinada en Paiporta una joven muy querida en el pueblo y otra sufrió grandes heridas que estuvieron a punto de matarla. Este suceso tuvo mucha repercusión en los medios de comunicación, provocó una amplia respuesta de los vecinos y creó un movimiento ciudadano que reclamó más seguridad, más contundencia en la aplicación de la ley y mayor castigo para los delitos muy graves.

Se ha dicho con razón que la política penal de un Estado no se debe dejar influir por momentos en que la sociedad se ve convulsionada por terribles sucesos. Muy bien, esa “frialdad” necesaria para que el legislador pueda realizar las reformas necesarias en el ordenamiento jurídico penal, no puede confundirse con insensibilidad hacia los que, a fin de cuentas, han sufrido el delito.

Aunque a menudo hay personas dispuestas a aprovecharse de los sentimientos de la gente, solicitar a una localidad todavía conmocionada por un asesinato, y que se había movilizado en contra de la inseguridad, que aceptara en su término municipal un centro de inserción social, era pedir demasiado. Esa movilización, junto a algunos problemas urbanísticos, hicieron reflexionar a las autoridades que, con buen criterio, decidieron retirar el proyecto de construcción de un CIS en Paiporta.

Dicho todo esto, nuevas infraestructuras penitenciarias son imprescindibles para la provincia de Valencia. La ciudadanía debe comprender que el objetivo de la reinserción de las personas que han cometido un delito no es sólo de la Administración, sino de toda la sociedad, y para esa tarea se necesitan, como en los demás ámbitos, centros modernos y más medios humanos. Hay que reconocer que algunos delincuentes no se van a reinsertar, pero otras muchas personas sí lo conseguirán. La mejor seguridad para todos es que esas personas no vuelvan a cometer delitos.

Propuesta para dinamizar el mercado laboral

Por lo que a nosotros nos toca, la Agrupación Socialista de Siete Aguas ya trasladó el pasado mes de agosto la necesidad de que desde el Ayuntamiento se pusiera en marcha un Plan de Impulso Económico que sea capaz de generar oportunidades estables a largo plazo. Sobre todo teniendo en cuenta que el Polígono Industrial de La Contienda sigue siendo una entelequia que, después de 10 años de promesas electorales, nuestros gobernantes no han sido capaces de materializar.

Estas son algunas de las propuestas concretas que realizamos, que todavía no han sido escuchadas por el Ayuntamiento:

• Plan de apoyo a emprendedores locales que, a través de créditos, subvenciones y asesoramiento, facilitara la puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales.
• Programa de formación y reciclaje que, bien en colaboración con el INEM/SERVEF o bien de forma autónoma, posibilitara con cursos gratuitos la adquisición de nuevas aptitudes y habilidades, ampliando así las oportunidades de los vecinos y vecinas de encontrar un nuevo empleo.
• Bolsa de empleo pública, que centralice y canalice en el Ayuntamiento todas las ofertas que se generen en la localidad y que garantice a todos los vecinos el acceso en igualdad de oportunidades a las demandas de empresas, comercios y organismos públicos.

Y, obviamente, una información veraz y completa sobre las oportunidades futuras de empleo que se puedieran generar, como por ejemplo, las que puedan venir derivadas de la futura cárcel.

Zapatero en Addis Abeba, Etiopía.

En la Embajada española en Adis Abeba, y ante muchos de los cooperantes españoles que trabajan en Etiopía, Zapatero garantizó que la ayuda al desarrollo “no se toca”, a pesar de las “graves dificultades económicas”.

Su objetivo es convertir a España en “el país europeo mejor visto por los africanos” y, como presidente de turno de la UE, promover una nueva relación para trabajar “de igual a igual” con el continente.

Para ello instó a los líderes africanos presentes en Adis Abeba a avanzar en la integración económica y a interconectar sus infraestructuras.

En Siete Aguas, en la casa del pueblo, vamos a realizar entre el próximo mes de junio y marzo del año que viene un ciclo de cuatro charlas de sensibilización acompañadas de videoforum y tertulias  sobre diversos problemas prevalentes en Africa, concretamente en Etiopía.

Hace apenas 10 minutos que los concejales y concejalas del Ayuntamiento de Siete Aguas se han reunido para celebrar sesión plenaria. Y sí, todavía no son las 9 de la mañana. Como siempre, en nuestro pueblo, el alcalde sigue poniendo obstáculos al derecho de los ciudadanos a conocer y participar en los asuntos públicos convocando las sesiones sin ningún tipo de publicidad y a horas en las que todo el mundo está dedicado a sus menesteres y no puede acudir.

Qué añoranza aquellos tiempos en los que los plenos se celebraban los viernes a las 10 de la noche, consiguiendo llenos absolutos en el Salón de Sesiones. Ahora, sin embargo, con la Sala de Juntas basta, pues ya es todo un logro si el público cuenta con 5 personas.

El horario intempestivo de los plenos presenta además inconvenientes a los concejales, la mayoría de los cuales trabaja, puesto que en Siete Aguas no existen liberaciones, y no siempre tienen la posibilidad, en los escasos dos días que transcurren entre que reciben la convocatoria y la sesión, de planificar su trabajo de forma que puedan llegar más tarde y así cumplir con sus obligaciones municipales.

Pero ni por los vecinos ni por los concejales el alcalde está dispuesto a modificar su postura. Incluso llega a manifestar que le resulta más cómodo que no asista nadie como público. ¿Acaso molestan? ¿O será que la presencia de gente le obligaría a modificar ese modo suyo de comportarse tan irrespetuoso con los miembros de los grupos de la oposición?

En fin, confiamos en que algún día la situación cambie y podamos volver a aquellas sesiones post-cena que concitaban la asistencia de los vecinos y contribuían a normalizar la vida política en nuestro pueblo.

Pincha en el enlace para leerlo:

http://issuu.com/psoe/docs/enclave_socialista_188

Asimismo, el 28% expresaron que los contenedores se debían vaciar más a menudo y un 17% se mostraron partidarios de que se realice alguna campaña de concienciación al respecto.